Resumen: Se sostiene que el JS es competente para conocer el conflicto colectivo sobre el reconocimiento de una sección sindical de DHL EXEL SUPPLY CHAIN SPAIN SLU y su delegada en el centro de trabajo en DHL-L’ORÉAL de Guadalajara, porque el alcance del conflicto es exclusivamente provincial y está limitado al centro de Quer, sin proyección sobre otros centros de trabajo ni afectación estatal, como ya lo reconoció previamente la misma Sala del TSJ en la sentencia 1715/2024, referida a un caso idéntico en el mismo centro y con el sindicato CCOO, invocando el principio de seguridad jurídica -art. 9.3 CE-, aplicando el criterio de la STS 347/2023, que precisa que la competencia se determina por el ámbito real del conflicto, no por hipótesis futuras ni por el alcance estatal de la sección sindical, reservando el art 8.1 LRJS reserva la competencia a la AN solo si los efectos del conflicto exceden el ámbito autonómico, lo que no sucede en este caso en que procede determinar si es legal nombrar a una delegada sindical en ese centro de trabajo, aunque ya exista otra sección sindical estatal del mismo sindicato, por lo que el conflicto no tiene efecto generalizado ni implica interpretación con repercusión nacional.
Resumen: Solicita el recurso que se declare la nulidad de actuaciones por carecer el Juzgado de lo Mercantil de competencia objetiva. Para alegar la falta de competencia objetiva es preciso plantear a tiempo la pertinente declinatoria. Reitera la STS 253/2016, de 18 de abril, con cita de las anteriores que, en el caso de la falta de competencia objetiva del tribunal ante el que se ha planteado la demanda, la denuncia debe realizarse mediante la declinatoria ( art. 49 LEC), para el caso de que el tribunal no la haya apreciado de oficio en el momento de resolver sobre la admisión a trámite de la demanda, puesto que al venir determinada la competencia objetiva de los juzgados de lo mercantil por la naturaleza de la pretensión ejercitada en la demanda, es ese el trámite en el que pudo apreciarse por el juzgado esa falta de competencia y apreciarse de oficio ( art. 48 LEC). Si el demandado no formuló declinatoria no cumplió con la carga impuesta en el artículo 459 LEC para poder alegar infracción de normas procesales en la primera instancia. Únicamente puede alegar dicha infracción el apelante cuando hubiese denunciado oportunamente la infracción, si hubiere tenido oportunidad procesal para ello. Y no cabe alegar que la falta de competencia puede ser apreciable de oficio.
Resumen: En un caso de responsabilidad en la construcción, la sala comienza analizando la posición procesal del demandado que comparece y contesta a la demanda fuera del plazo, que queda privado de la posibilidad formular ulteriormente excepciones que no hizo valer oportunamente, ni en primera instancia, ni en apelación, pero ni la falta contestación ni la rebeldía procesal implican allanamiento o admisión de los hechos alegados por el actor, quien soporta la carga de probar los hechos afirmados en la demanda. Estudia no obstante la sala si el demando silente o rebelde puede posteriormente la falta de legitimación, a cuyo efecto distingue entre capacidad y legitimación y afirma que ambas pueden ser apreciadas de oficio hayan sido o no alegada su falta por la parte demandada. En el caso, la sala entiende que no ha sido acreditado que el demandado comparecido tardíamente hubiera intervenido en las obras de las que se deriva la responsabilidad que reclama, por lo que desestima la demanda contra él por falta de legitimación pasiva.
Resumen: La acción principal versa sobre cuestiones hereditarias aunque se ejercita acumuladamente una acción de liquidación de gananciales y otra sobre cuestiones hereditarias. La regla atributiva de competencia tiene carácter imperativo. Es el último domicilio del causante o el último en España si lo hubiera tenido en país extranjero o donde estuvieren la mayor parte de sus bienes a elección del demandante. La alternativa donde estuviere la mayor parte de sus bienes es aplicable tanto a los supuestos de que el finado hubiere tenido su última residencia en España como en país extranjero. En segundo lugar, porque el art. 52.1.4.º LEC (16) permite a la parte demandante elegir entre las dos posibilidades que la ley contempla, aunque el causante no tuviera su último domicilio en el extranjero y, en este caso, optó por presentar la demanda en los juzgados de Girona, pues en ese partido judicial es donde radica el último domicilio del finado, según averiguaciones hechas por el Juzgado de Barcelona (Certificado municipal del Ayuntamiento de Girona-Padrón de los años 1986 y 1991 y Acta defunción), remitidas a este Tribunal en los correspondientes testimonios, donde aparece el mismo domicilio en sendos documentos: DIRECCION000 de Girona.
Resumen: El lugar de residencia es el que determina la competencia territorial en estos casos, fuero que también es aplicable para conocer de la modificación de capacidad de las personas, criterio que resulta más acorde al principio de protección de la persona. De esta forma se posibilita un acceso a la justicia más efectivo y cercano, se evitan desplazamientos innecesarios, incluso resulta conveniente económicamente. Y como viene residiendo en la residencia sin perjuicio de que este domiciliado en otra localidad lo procedente es dar la competencia al juzgado de familia de Vitoria y no al de la localidad en que esta empadronado.
Resumen: Promulgación durante la tramitación del procedimiento de una legislación con efectos retroactivos (Ley 13/2021, de 1 de octubre, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, disposición final séptima). Los litigios sobre reequilibrio contractual de concesiones administrativas son competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, no de la civil. Incompetencia de la jurisdicción civil: es apreciable de oficio en cualquier fase del procedimiento. Doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo sobre las consideraciones básicas que vertebran la contratación pública. Los contratos de arrendamiento que AENA suscribe con los empresarios de restauración en los aeropuertos deben calificarse como contratos de concesión de servicios y esta calificación jurídica efectuada por la jurisdicción contencioso-administrativa como concesión [administrativa] de servicios es concluyente para determinar la jurisdicción competente. Posición clara de la jurisdicción contencioso-administrativa ratificada por la Sala de Conflictos de Competencias del Tribunal Supremo. Dado que la incompetencia de jurisdicción se declara de oficio, no procede imponer las costas de casación y la nulidad de las actuaciones determina que queden sin efecto los pronunciamientos sobre costas en primera y segunda instancias.
Resumen: La Audiencia Provincial se abstuvo de conocer sobre el fondo del asunto por falta de jurisdicción. Esta decisión se fundamentó en el argumento de que existía un supuesto acto administrativo, declarado firme y consentido, que habría extinguido la concesión funeraria, impidiendo que tanto los tribunales civiles como los contencioso-administrativos revisaran sus efectos. Así, la resolución se sustentó en la imposibilidad de que se revisara, en vía civil, el contenido de un acto que se consideró administrativo. Sin embargo, esta conclusión no es correcta, ya que se basa en una premisa equivocada: el acuerdo del consejo de administración de la demandada, por el que se declara la extinción del derecho funerario del demandante sin derecho a devolución de cantidad alguna, no constituye un acto administrativo, pues no emana de una Administración Pública ni está sometido al Derecho Administrativo. La demandada no es una Administración Pública, sino una entidad de derecho privado, concretamente una sociedad mercantil local (art. 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y art. 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LBRL), que se rige íntegramente por el ordenamiento jurídico privado, salvo en aquellas materias en las que le resulte de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y de contratación (art. 85 ter LBRL), salvedad que no concurre. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
Resumen: Demanda CCOO a Konecta BTO, S. L. y TGSS al no haber continuado esta última con la plantilla adscrita a un servicio externalizado. El litigio se planteó como si se tratara de un despido colectivo sosteniendo que al no subrogarse la TGSS en los contratos de 176 trabajadores al expirar la contrata se había producido una extinción masiva. El TS pone de relieve que para que exista un despido colectivo del art 124 LRJS es necesario que se hayan extinguido los contratos de trabajo. En este caso, los trabajadores no perdieron su relación laboral con Konecta sino que siguieron dados de alta en la empresa aunque algunos pasaran a situaciones de ERTE o tuvieran cambios sustanciales en sus condiciones. Por ello, el requisito esencial de la extinción no concurría, de modo que la modalidad procesal de despido colectivo no podía aplicarse. La sentencia resuelve que el TSJ no tenía competencia para enjuiciar los hechos a través del procedimiento de despido colectivo porque no existía la decisión de poner fin a las relaciones laborales. La negativa de la TGSS a subrogarse no implica la desaparición de los puestos de trabajo ni la finalización de los contratos por lo que no puede considerarse un despido ni siquiera de forma tácita. En consecuencia se declara la inadecuación del procedimiento y se deja sin pronunciamiento la cuestión relativa a la obligación o no de subrogar por parte de la TGSS, aclarando que los trabajadores conservan su derecho a reclamar por los cauces procesales oportunos
Resumen: El Tribunal dice que de forma mayoritaria la postura de las Audiencias Provinciales españolas respecto a la competencia del delito de abandono de familia, lo vincula a la existencia en todo caso de una previa violencia de genero ya que si bien el apartado b) -delitos contra los derechos y deberes familiares-, la ley guarda silencio acerca de si también es preciso que se produzca un acto de violencia de género cuando la víctima sea descendiente, menor o incapaz, al igual que se exige en el apartado a) para que tenga competencia el Juzgado de Violencia sobre la Mujer parece lógico entender que también estas conductas habrán de estar relacionadas con situaciones de violencia de género, aunque tal circunstancia no se mencione expresamente en los apartados b ) y d) del artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial (y 14.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ), ya que otra interpretación conduciría a la paradoja de atribuir al Juzgado de Violencia sobre la Mujer la competencia para conocer, sin restricción alguna, de tales delitos siempre que fuera sujeto pasivo alguna de las personas comprendidas en dichos grupos (descendientes, menores o incapaces), mientras que los delitos relacionados en el apartado primero -los de mayor gravedad- precisarían ir en todo caso unidos a actos de violencia de género.
Resumen: En el incidente de impugnación del informe concursal se ejercita una acción de reintegración sobre declaración de nulidad de hipoteca, siendo accesoria la clasificación del crédito en la Lista de acreedores pues depende de aquella. Se discute la competencia del Juez del concurso para conocer de la nulidad de la hipoteca, si bien la sentencia apelada no aprecia su falta de competencia, por lo que el motivo no contiene argumentación impugnatoria. En cuanto a los verdaderos motivos de la sentencia para desestimar la demanda que son la inadecuación del procedimiento y la falta de legitimación activa del concursado para la acción, en el recurso no se combate en forma alguna, pues repite su demanda inicial, por lo que el recurso debe ser desestimado ya que el apelante tiene la carga procesal de aportar al Tribunal razonamientos impugnatorios de los motivos recurridos. Aun así el Tribunal reitera la falta de legitimación del deudor para ejercitar las acciones de reintegración, pues están atribuidas a la administración concursal, y aunque la lista de acreedores puede ser impugnada por cualquier interesado, el alcance de esa impugnación está legalmente concretado a la inclusión o exclusión de créditos así como a la cuantía o clasificación de los reconocidos, que no incluye la impugnación de la constitución de la garantía real realizada antes de la declaración de concurso, pues es una acción de reintegración. Lo anterior es aplicable a la nulidad por usura.
